Empresas del pueblo
Álvaro
Jordán
El Estado boliviano,
mediante el Consejo Legislativo, ha terminado la discusión de una ley para el
traspaso de empresas privadas a la condición de empresas sociales, aquellas que
entren en estado de quiebra, en las que exista concurso de acreedores, liquidación, cierre o abandono
injustificado de la empresa.
Se entiende como empresa
social aquella empresa que contribuye de alguna forma a dar solución a
problemas de la sociedad. En general toda empresa cumple algún fin social,
aunque su objetivo central en el sistema
capitalista es generar riquezas para el patrón, privado o estatal; por ejemplo:
las cooperativas de servicios públicos, las instituciones de servicios y autárquicas,
son reconocidas como empresas sociales, sin embargo, por el afán rentista y el
abuso de poder se han convertido en simples administradoras de servicios en
manos de camarillas internas en complicidad con dirigencias sindicales
corruptas, beneficiarias sin control de
las utilidades de la empresa. Las actividades subsidiarias las han traspasado a
empresas subcontratistas, encargadas de
bajar los costos sociales mediante el uso de todo subterfugio legal o ilegal,
aprovechando la necesidad de trabajo, para pagar salarios mínimos a los
trabajadores.
En el caso del Proyecto de
Ley boliviano se plantea asegurar la preservación del empleo. Por supuesto,
como toda empresa, también se plantea el objetivo de generar una producción
rentable.
Si bien el “Contrato Social”
impuesto por el Estado al pueblo reconoce al empresario el derecho de acumular
riquezas a partir de la apropiación del valor agregado generado por el
trabajador asalariado y de las riquezas naturales existentes en el territorio del
pueblo. Es evidente que en Bolivia este sistema productivo ha ingresado a una
crisis irreversible como efecto de la crisis mundial del poder, como resultado
de la exportación de materias primas baratas de parte de empresas transnacionales
y nacionales, por la exportación de capitales a paraísos fiscales por parte de
empresarios y políticos corruptos y, por la carencia de dirigencias comprometidas
con los intereses del pueblo.
La “Empresa social” es la nuevas
forma, planteada por el gobierno actual, para aliviar la concentración de la riqueza en pocas manos y
lograr una participación mayor del sector trabajador en las empresas quebradas.
Se debilita el sector empresarial privado y se fortalece el sector asalariado
sindicalizado, El sector estatal queda como árbitro en las disputas del
empresario privado y el trabajador sindicalizado. Por supuesto que los intereses
de la burocracia partidaria del Estado se ven
fortalecidos como sustento del Presidente, denunciado como dictador, en ejercicio actual de la jefatura del Estado.
La gran mayoría del pueblo,
(más del 70% de la población) la que no es asalariada, que no es empresario
privado ni estatal y tampoco pertenece a la burocracia partidaria del Estado queda completamente abandonada a los vaivenes
que le deparen las migajas que le deje la disputa de los otros sectores reconocidos por el “nuevo contrato”.
Es evidente que el concepto
de empresa social promovido por el Gobierno no es una solución a los graves
problemas económicos sufridos por la mayoría de la población. Las riquezas
existentes en el territorio pertenecen a todos los habitantes del País y no
existe ningún argumento válido para dejarlo en manos de minorías abusivas
(menos del 30% de la población) El excedente del trabajo apropiado por el empresario
sólo tendrá un contenido humano si se reconoce como verdadero propietario al
trabajador que lo genera directa e indirectamente. Las riquezas naturales,
apropiadas abusivamente por el Estado y entregadas al beneficio del empresario,
en realidad, por el derecho natural pertenecen al pueblo que ocupa el mismo
territorio de ubicación de las riquezas, por lo tanto el pueblo debe ser el que
decida sobe el uso de estas riquezas, hasta ahora puestas al servicio de los
empresarios y la burocracia partidaria corrupta.
Ante la incapacidad del
sector empresarial de manejar eficientemente estas riquezas y la imposibilidad
del Estado de distribuirlas en forma equitativa, el pueblo en uso de su
soberanía tiene todo el derecho de recuperar la posesión de estas riquezas y
disponer la mejor forma que satisfaga los intereses del pueblo todo.
El movimiento del humanismo
superior plantea dar solución a los problemas irresueltos por el sistema actual
mediante la recuperación del derecho propietario natural de las riquezas
generadas por el pueblo y de las existentes en su territorio, mediante
organizaciones territoriales, empoderadas por el dialogo constructivo de
control de las bases para definir y hacer cumplir las políticas productivas, de
distribución de las riquezas, para designar y controlar a los servidores
públicos para la gestión legislativa y administrativa y vigilar su cumplimiento
irrestricto.
El camino del humanismo superior
es el único camino abierto para dar solución a los problemas de mayorías y
minorías, que contempla y respeta la compleja diversidad del pueblo, capaz de
generar un ambiente de paz y amor para fundar la felicidad del pueblo.
En las tierras del Libertador Grigotá
Mayo
del 2018
