Derechos humanos en la crisis
Por Álvaro Jordán
Como venimos remarcando en distintas publicaciones
realizadas en los últimos años, la crisis terminal del sistema global de
mercado ha desencadenado poderosas fuerzas preocupadas por consolidar los
intereses de las minorías privilegiadas, beneficiarias de la apropiación del
excedente del trabajo ajeno.
El sistema de explotación del capital privado logró
internalizar en el espíritu de los pueblos a la democracia representativa como
mecanismo de relacionamiento y de manipulación del pueblo en beneficio de las
élites, dueñas del capital, representadas por el Estado.
El sistema de explotación estatal, por el contrario,
eliminó la democracia representativa para imponer su autoridad en forma
dictatorial, mediante gobiernos centralistas, de expresión clasista,
sustentados por el poder del Estado y en beneficio de la burocracia del partido
oficial.
La lucha por la hegemonía del poder mundial entre
estos dos sistemas terminó a fines del siglo XX con el colapso del sistema
estatal y el inicio de la monopolaridad del poder del sistema del capital
privado. Sin embargo, la economía globalizada pronto sintió los efectos de una
existencia limitada de los recursos naturales, del crecimiento de las
diferencias entre ricos y pobres, un crecimiento exponencial de la población,
de la contaminación ambiental que amenaza la existencia misma de género humano
y que desencadenaron la crisis del 2008, en mi opinión crisis terminal del
sistema de poder que caracteriza la era de la civilización.
A pesar del fracaso del sistema estatal, más
conocido como sistema socialista o comunista, el creciente estado de pobreza y
miseria de la población, particularmente en Latinoamérica, donde las
diferencias entre ricos y pobres son más marcadas que en el resto del planeta,
ha sido el caldo de cultivo para su permeabilización por una renovada y atractiva propuesta social.
Como ejemplo de este proceso tomemos el caso
particular de Bolivia, donde llegó con una envoltura humanista, de
reconocimiento de una sociedad con una
conformación multicultural, multinacional y multiregional, de sectores
tradicionalmente marginados, como los nativos, los trabajadores, los campesinos
y las regiones; con una envoltura de reconocimiento y de ampliación de la
democracia representativa con la democracia directa, participativa, comunitaria
y ofertas del reconocimiento de las autonomías y con una envoltura
ambientalista, que garantice el equilibrio del ser humano con la naturaleza.
Luego de un brillante triunfo, dentro de un proceso
democrático, el nuevo gobierno
reemplazó, arteramente, el discurso democrático con una política centralista y sectaria, de eliminación de la
oposición y de fortalecimiento de un Estado autoritario, con una proyección
socialista con las carácterísticas ya conocidas de una dictadura de clase,
monopartidaria y de perpetuación en el poder al margen de la voluntad del
pueblo y lo que es gravísimo, ya fracasada en el siglo anterior.
Es evidente que en este proceso de concentración del
poder, el desconocimiento de los derechos humanos es cada vez más desembozado y
brutal. En sus inicios se imponía la voluntad del Estado sacando a las calles a
los sectores sociales leales al gobierno con lo que se impuso una Constitución
Política y el sometimiento del Poder Legislativo y Judicial a la voluntad del
Poder Ejecutivo. Paralelamente al desencanto de los sectores sociales se los
divide y se compromete políticamente la lealtad de las Fuerzas Armadas,
transformándolas en los nuevos instrumentos de la represión política como
sucedió con la masacre de Pando, el encarcelamiento sin juicio ejecutoriado de su gobernador y la condena de cientos de ciudadanos al exilio. La expresión
nítida de la esencia del gobierno se muestra a través de su política central,
la que se conoce como de protección del sector productor de la coca. Hay que
recordar que el Presidente del Estado es a su vez Presidente de las
federaciones cocaleras de Cochabamba, de la que , según el informe de las
Naciones Unidas, se destina más del 80 por ciento a la producción de cocaína y
se trafica ilegalmente por el mundo entero. Esta relación muestra el nivel
ético y moral de los personeros del gobierno y sobre todo el desprecio a los
derechos humanos de la sociedad nacional e internacional.
Un proceso similar se desarrolla en los países que
se autoproclaman como socialistas del siglo XXI: Venezuela, Bolivia, Nicaragua,
Ecuador y otros del ALBA en el que se ha incorporado la cincuentenaria
dictadura hereditaria de Cuba. El efecto de la crisis es la reactualización de
esta ideología ya fracasada y en la medida que se fortalece su poder en
América, los derechos humanos son más conculcados.
En esta situación la existencia de la libertad de
prensa y de pensamiento en el continente es una permanente denuncia de los
abusos de estos gobiernos autoritarios en camino a la dictadura, que afecta
profundamente la imagen de los gobiernos y amenaza seriamente la estabilidad de
las dictaduras. Es ésta la razón por la que en este momento todas ellas han
desencadenado una acoso creciente a estas libertades fundamentales para la
convivencia de los pueblos, especialmente en Venezuela y Ecuador; en Cuba estas
libertades fueron suprimidas hace ya medio siglo. La lucha por la preservación
de la libertad de prensa y pensamiento se ha transformado en la última
trinchera en defensa de la democracia y los derechos humanos en estos países
del continente.
En el Primer Mundo los efectos de la crisis son
todavía más desastrosos para el cumplimiento del respeto de los derechos
humanos de la población. Se ha conformado un cuadro catastrófico a raíz de la
crisis multifacética que está llevando a un estado agónico al sistema de
economía global. La lucha por la
preservación de la hegemonía del poder y el control de la provisión de recursos
naturales como la energía llevó a la invasión militar de Irak y Afganistán, sin
olvidar la expulsión sistemática durante ya más de sesenta años de los
palestinos de su territorio. En estos frentes de lucha abiertamente militar, la
defensa de los derechos humanos se anula completamente ya que todo lo impone el
poder sin ninguna consideración de las necesidades de la poblacion,
particularmente la agredida, aunque también se ve afectada la población del
país agresor.
Los frentes de lucha en los que el pueblo participa
conscientemente es donde se dan pasos efectivos en la defensa de los derechos
humanos como ha sucedido con la democratización de las satrapías árabes de
Túnez, Egipto, Libia, Marruecos, Argelia, Yemen y otros en la lucha, como
Siria, por nuevas metas en la defensa de los derechos humanos. Las heroicas
luchas sostenidas por estos pueblos es la más clara demostración de que la
primera tarea en la lucha por los derechos humanos es la concientización de las
masas, la que para que sea sostenible se debe transformar en una profunda
transformación cultural de toda la población.
En los países con democracias consolidadas como
Estados Unidos de Norteamérica, los países europeos y otros del resto del mundo
el enfrentamiento se hace en el campo no violento; Es el frente en el que la
violencia victoriosa ha transformado sus éxitos en ley y la confrontación se ha
trasladado al campo de la reflexión, pero siempre le queda al sector
priviligiado el recurso de la coerción que la ley le reconoce al Estado. Es la
tozudez del poder del Estado que impone nuevas formas de expropiación de la
riqueza que queda en manos del pueblo para sustentar los privilegios de las
minorías, como es el remplazo del trabajo humano por el de los robots, el
incremento de los impuestos, el congelamiento de los salarios, el aumento del
impuesto al valor agregado, los recortes de seguros para los empleados, los
recortes salariales mediante la inflación no equivalente, en fin múltiples
formas de financiar la crisis, cargándola sobre los hombros de las mayorías y
transfiriendo los recursos a los sectores beneficiarios del poder del Estado.
Es evidente que este ajuste a los ingresos de la
población significan duros golpes contra las necesidades básicas de la misma,
en su conjunto es un agresión a los derechos humanos. La pobreza y la miseria es el alimento de las enfermedades , el origen de la delincuencia, la
corrupción, la drogadicción, la criminalidad y todas las lacras de la sociedad,
cuya solución sólo la darán las mayorías conscientes cuando logren imponer el
humanismo.
Los gobiernos democráticos son los que mejor se han
internalizado en la cultura nacional, como parte necesaria del sistema de
explotación, la apropiación del trabajo ajeno en beneficio de las minorías,
básicamente a causa de la manipulación de las masas educadas en los valores de
los privilegiados, de esta manera son de aceptación internacional los Estados
de contenidos fascistas, los que con el argumento de homogenización
cultural y los intereses económicos del Estado
se impone una nación, cultura o grupo sobre las otras, dándose la
situación generalizada de estar constituidos por Estados beneficiados por un
coloniaje interno como ha sucedido en Bolivia en toda la época republicana, de
imposición de la cultura y economía españolista sobre las naciones nativas,
ahora, con los cambios del actual gobierno se impone la hegemonía aimara sobre
las otras naciones, e incluso, constitucionalmente, se impone la negación del
sector mestizo mayoritario. Esta relación la encontramos en cada Estado del
planeta ya que el mismo está dominado por el poder.
En las Tierras del Libertador Grigotá
16 de julio de2012
